Sumado a la frágil implementación de la Ley Nº 26.061, la escasa información ha generado serias dificultades para la recopilación de datos en todos los niveles, desde el local al nacional. Las limitaciones en materia de producción y sistematización de información impactan directamente sobre las políticas de infancia. En este aspecto, resulta imprescindible que el Estado Argentino genere, de manera inmediata, un sistema único de información específica que permita establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Acorde a la Convención de los Derechos del Niño, que cumplió 20 años de vigencia en Argentina, se lleva a cabo cada cinco años por parte de los Estados Miembros una rendición de cuentas, para vigilar el avance en el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El tercer informe –No Gubernamental- sobre la aplicación de los derechos del niño en Argentina, fue presentado también por miembros del Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia y el CELS. Con toda esa información el Comité recibe en la sesión de julio a los responsables del Estado Argentino para luego de cotejar ambos diagnósticos, hacer las recomendaciones pertinentes.

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