La Revisión Periódica Universal (UPR, siglas en inglés) es un nuevo mecanismo bajo el cual el Consejo de Derechos Humanos examina la situación de derechos humanos en cada Estado Miembro de la ONU (cada cuatro años) y Argentina rindió por primera vez, y aprobó, en abril de este año, con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil.

   La UPR es un procedimiento clave en el recién creado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero también un oportunidad como pocas para hacer los derechos de los niños centrales en el trabajo del nuevo organismo y que, sobre todo, incluye de manera protagónica a las OSCs.

   La Asamblea de la ONU estableció que el Examen Periódico Universal debe ser un mecanismo cooperativo, basado en una información objetiva y fidedigna y un diálogo abierto entre las partes concernidas/interesadas (Estados, expertos independientes, sociedad civil), implicar plenamente al Estado examinado, examinar con igualdad de trato a todos los Estados y tener en cuenta el nivel de desarrollo del país durante la evaluación de sus actividades en materia de derechos humanos.

En el examen, se cuenta con información proporcionada por el Estado examinado (20 páginas o un informe oral), información pertinente de los órganos de tratados, relatores especiales y otros de la ONU (10 páginas), información prorcionada por interlocutores pertinentes como ONGs nacionales, instituciones nacionales en materia de derechos humanos y ONGs internacionales (10 páginas).

   El Examen Periódico Universal es un proceso en el que unos Estados juzgan a otros Estados (a través de una “troika” de tres para cada uno), aunque no quedan involucrados expertos en derechos humanos, a diferencia de para la supervisión de las aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

   Cada Estado puede ser examinado sobre la base de su actuación en materia de derechos humanos teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado bajo examen (como la Convención sobre los Derechos del Niño); promesas voluntarias y compromisos asumidos por los Estados; y el derecho internacional humanitario aplicable.

   Las OSCs  pueden asistir a las 3 horas de examen de la Troika, aunque no participar en el diálogo, al menos que el país examinado permita la participación de las organizaciones. Las OSCs pueden hacer declaraciones durante la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos cuando el informe final del Estado sea aprobado.

Cómo las OSCs pueden presentar informes

   Las presentaciones de la OSCs son, de hecho, la base del Examen Periódico Universal pero la información proporcionada es confidencial para los Estados.

   Una organización local puede coordinarse con una OSCs más grande, pero de todos modos siempre conviene ponerse en contacto con otras interesadas en cuestiones similares, familiarizarlas con el Examen, debatir cuestiones, decidir si conviene aunar temas o dividirlos para su mejor exposición.

   Las OSCs tienen a disposición directrices de la presentación de informes para el Examen, por ejemplo respecto de límite de páginas, enfoque, período de tiempo, plazos  e idioma (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/search.aspx).

   Las presentaciones de las ONGs no deben excederse de 5 páginas, con  las cuestiones de principio que quieren que el Consejo de Derechos Humanos plantee a los Estados.

   El enfoque debe incluir las principales preocupaciones de los derechos humanos para los niños y niñas en el país, referir a los instrumentos y normas específicas de los derechos humanos, expresar un sentido de urgencia y prioridad en las cuestiones citadas y formular recomendaciones concretas para el cambio.

   En general, las presentaciones de las ONGs deben ser entregadas entre 3 y 4 meses antes de la sesión del Grupo de Trabajo, aunque los plazos precisos estarán disponibles en la página web, y pueden ser escritas en cualquiera de los idiomas oficiales de la ONU (Chino – Ruso – Francés – Inglés – Español – Árabe).

Participación después de las presentaciones

   Ante el Grupo de Trabajo del Examen, las OSCs deben procurar influenciar las posibles preguntas que realizarán los Estados miembros del CDH proporcionando a sus representantes en Ginebra informaciones escritas y/o verbales.

   Ya en el pleno del Examen, durante la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, sólo los Estados pueden hacer declaraciones y formular preguntas a los Estados examinados.
   Para el seguimiento del resultado del Examen,, se puede convocar una reunión para discutir entre todas las OCSs de derechos del niño la relevancia que el resultado tiene en los derechos de los niños y niñas.

   Es importante, desde ya, asegurar la participación activa y significativa de los niños y niñas en el debate.Los niños y niñas tienen derecho a la entrada y a participar en el proceso del Examen y, por lo tanto, debe presentarse una información sobre el proceso adecuada a los niños para que éstos se familiaricen con el mecanismo.

   Las consultas con niños y niñas deberían ser organizadas a nivel nacional para que puedan expresar sus opiniones sobre sus propios derechos humanos. Y el resultado de estas consultas puede convertirse en la presentación de los niños y niñas para el EPU o puede ser incorporada a la presentación de la ONG.

El Examen Periódico Universal que aprobó Argentina en 2008

   El mecanismo de evaluación periódica anual consistió en una sesión presidida por un tribunal -en el caso de Argentina integrado por sorteo por Ucrania, Cuba y Camerún – ante el cual expuso el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, como representante del Estado, seguido de los miembros del Consejo y de los observadores, y finalmente de la réplica de la delegación nacional.

   Duhalde reseñó la política de Derechos Humanos implementada desde 2003 y señaló la importancia histórica de la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar y, en los años anteriores, por la Triple A.

   Los Estados intervinientes coincidieron en elogiar las políticas públicas de derechos humanos de las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.

   Pero, al mismo tiempo, formularon recomendaciones; especialmente en lo relativo a la situación de las personas sometidas a detención, a niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, la prolongación de la detención preventiva, los derechos de la mujer y de los pueblos originarios.

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