La voluntad política de los Estados se debe traducir en la asignación de recursos y mecanismos específicos en los presupuestos municipales y nacionales para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, sobre lo cual deben rendir cuenta periódicamente, han remarcado numerosas organizaciones nacionales, regionales e internacionales en una Propuesta de Posicionamiento de América Latina sobre inversión en derechos de niñez y adolescencia presentada en el Foro regional de América Latina y el Caribe sobre INVERSIÓN EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en Managua en septiembre 2007.
Los indicadores sociales de la región evidencian que para lograr los enunciados establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los compromisos suscritos hay un largo camino por recorrer, evaluaron las organizaciones al plantear su Propuesta, y destacaron las consecuencias de la no inversión y del gasto inadecuado: un 60 por ciento de niños y niñas menores de 12 años y 50 por ciento de adolescentes de entre 13 y 18 viviendo en situación de pobreza, según la CEPAL.
Un cambio efectivo de semejante realidad será posible, plantean las organizaciones, si se asume el interés superior del niño, niña y adolescente como eje primordial para la elaboración, reformulación y puesta en práctica de políticas públicas, particularmente en las políticas fiscales y presupuestarias. Los Estados, en ese sentido, “son los principales garantes del cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, aunque también “en el conjunto de la sociedad recaen importantes responsabilidades” para su ejercicio y disfrute.
LaPropuesta asume que se ha avanzado gradualmente en incorporar en las políticas públicas la perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se han definido marcos legales nacionales y se han ratificado instrumentos internacionales; que
los países de la región han adquirido compromisos internacionales para lograr la reducción de la pobreza, entre ellos la “Declaración del Milenio”, (Nueva York, 2000); y que se ha avanzado en la definición de marcos jurídicos, políticos e institucionales que velan para que la niñez y la adolescencia gocen plenamente de sus derechos.
Pero las organizaciones advierten que “ese avance no va de la mano de los recursos necesarios para el efectivo ejercicio de dichos derechos. En esta materia, los recursos son insuficientes, ineficaces, están desigualmente distribuidos al interior de los países, no priorizan el desarrollo integral, no logran los resultados necesarios e impactan negativamente por el efecto de los modelos económicos inequitativos, así como por los programas de ajuste estructural y tratados de libre comercio”.
Listado de las Organizaciones participantes:
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