COHESIÓN SOCIAL: EL LUGAR DE LA INFANCIA EN UN NUEVO DEBATE

Una cantidad creciente de ensayos y documentos de organismos internacionales ha ido desarrollando durante los últimos años el concepto de “cohesión social”, pero resulta todavía tan novedoso que su definición parece aún en construcción y plantea debates que recién comienzan, por ejemplo, cómo abarca a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
    
Un primer modo de aproximación a la idea de “cohesión social” es por asociación con otros conceptos relacionados: inclusión, equidad, bienestar, integración. Todos estos términos surgen enseguida en las definiciones que organismos internacionales como la Unión Europea (UE) o la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y expertos e investigadores fueron precisando desde la década pasada.

Pero también es fácil de notar en las publicaciones disponibles que los elementos que componen la “cohesión social” aluden, básicamente, sólo al mundo adulto. El origen de este nuevo concepto, de hecho, está muy ligado con el de “contrato social”, y ésta es una noción de la modernidad que había excluido a la niñez.
 
Sin ir más lejos, una de las notas más destacadas de la “cohesión social” es su doble carácter objetivo y subjetivo. Se considera así, por un lado, lo objetivo, las condiciones materiales de vida, o lo que más comúnmente se conoce como situación socio-económica de los ciudadanos, reflejada a través de distintos indicadores (ingresos, vivienda, etcétera).

Pero, por otro lado, se valora también la actitud subjetiva de las personas ante esas condiciones socioeconómicas y ante los demás ciudadanos. Este sentido de pertenencia, esta confianza, esta reacción subjetiva que permite determinar un grado de “cohesión social” también se mide, como las materiales, pero por ahora sólo se lo hace con mecanismos del mundo adulto (encuestas, sondeos). En este caso, el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes aparece postergado.

¿Qué es entonces, según el consenso imperante, la cohesión social? ¿Cuál es su vinculación y relevancia para la infancia? ¿Se considera, otra vez, dos infancias en estos nuevos abordajes? ¿Cuáles pueden ser las claves de un debate sobre la inclusión de la infancia en estos nuevos discursos?

Definiciones

La Unión Europea (UE) es una de las fuentes originarias para una definición de “cohesión social”,que es vista antes que nada como una meta por lograr y relacionada como es de suponer con diversos aspectos del desarrollo humano (empleo, educación, salud, etcétera).  Contra la cohesión social conspiran, por ejemplo, mayores brechas sociales, el puro predominio de fines económicos y la falta de legitimidad democrática.

Cuando el Consejo de la UE creó el Comité Europeo para la Cohesión Social, en 1997, acordó índices de “cohesión social” (los 121 Indicadores de Laeken) partiendo de la base de que el Producto Bruto Interno (PBI) de un país no podía ser lo único a  tomar en cuenta. Agregó, entonces, otros aspectos como acceso a la educación, sanidad, infraestructura básica, empleo y participación en la vida política y social. En sentido negativo se mide, por ejemplo, escasa representación política o falta de acceso a la justicia.

 “Cohesión social” se convirtió para la UE en “la capacidad de la sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros minimizando las disparidades y evitando las polarizaciones”, donde las políticas públicas, no los mercados económicos, son los que deben asegurar mecanismos para el desarrollo humano.

Pero, entre nosotros, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha dado un paso más allá. Si bien con la UE comparte la consideración de problemas centrales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, a los indicadores de factores materiales tan valorados por la idea del Estado de Bienestar europeo la CEPAL le añade otro campo de elementos, un aspecto subjetivo.

La CEPAL valora especialmente para América Latina indicadores de “cohesión social” como el sentido de pertenencia de los ciudadanos en relación con su sociedad; sus comportamientos; sus valoraciones; su confianza en las instituciones, su sentido de solidaridad; cómo acepta las normas de convivencia establecidas y cuánta disposición tienen esas personas a participar en deliberaciones y en proyectos colectivos (ver recuadro).

Así entendida, cohesión social resulta “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión o exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan”. La “cohesión social” se vuelve de ese modo un fin, pero también un medio: las sociedades con mayores niveles de cohesión social, por ejemplo, aparecen más seguras y atractivas para la inversión económica. La “cohesión social” buscada, en cambio, se dificulta si en el camino hay sentimientos de inseguridad, desconfianza frente al Estado o la democracia misma.

El lugar de la infancia

En nuestros países de América Latina, dice la CEPAL, la “cohesión social” supone fortalecer la disposición de los actores -sobre todo los más poderosos- a ceder, por ejemplo, beneficios en sus ingresos en aras de reducir la exclusión y la vulnerabilidad de grupos en peores condiciones. Pero lograrlo presenta una lista de problemas para las cuales se procuran, luego, políticas públicas. Lo que nos importa aquí es dónde se ubica la infancia en ese escenario.

Veamos los principales obstáculos enunciados por la CEPAL para la “cohesión social”: dificultad para lograr tasas de crecimiento que generen recursos económicos; restricciones laborales;  una amplia brecha entre las aspiraciones que se alientan a través de los medios y lo que todo ciudadano puede realmente conseguir; negación de derechos por raza, etnia y cultura;  corrupción pública y privada; diferencias entre lo jurídico y lo real.

La infancia como categoría social casi no aparece entre las prioridades del análisis general de problemas que enlista la CEPAL (Sí se considera que muchos grupos, sobre todo de jóvenes, constituyan verdaderas “tribus urbanas”, con un muy fuerte sentido de pertenencia, códigos lingüísticos y estéticos propios, aunque a la vez refractarios hacia quienes no integran el grupo).
 
Si asumimos la infancia como una categoría social que ha evolucionado en la Historia hasta serle reconocida la misma titularidad de derechos sociales que al resto de las personas, entonces ni el análisis de los problemas ni las propuestas de soluciones pueden ignorarla en la búsqueda de mayor cohesión social.

¿Qué hay, por ejemplo, de las varias formas de violencia contra NNyA, o de la explotación laboral infantil? ¿Qué hay de la infancia en las políticas públicas que establezcan mecanismos de inclusión material y subjetiva por mayor cohesión social? ¿Deben estar sobreentendidos, o exigen precisiones y respuestas propias?

Un desafío en esa dirección (1) supone que los actores tradicionales de los sistemas de representación política y social asuman, contra muchos prejuicios bien o mal intencionados, que los niños, niñas y adolescentes son co-constructores de la sociedad, a la par de los adultos. Una sociedad democrática incluye a la infancia en su gran “contrato social”, ese gran acuerdo o consenso nunca espontáneo o natural sino conseguido que, a través de políticas públicas, se va traduciendo en cohesión social.

Hasta fines del Siglo XX, la infancia como categoría social ha sido convertida en “minoridad” de ciudadanía y de derechos. Más aún, explican Julio y Susana Cortés Morales, los “beneficios” para el desarrollo de la infancia se tradujeron en obligaciones –antes que derechos- para ellos, cual fuera la socialización de una ciudadanía “de segunda”. Eso, contando apenas una primera división, entre mundo adulto e infancia.

Una segunda fractura caracteriza la situación de hecho aún hoy: de un lado “nuestros” chicos, nuestra infancia, y mas allá, o más abajo, “la otra”, la “minoridad”. O los chicos y chicas “normales” (los que van a la escuela, los que están debidamente vacunados, los que tienen esparcimiento y cuentan con canales de expresión) y los que están “en problemas”, léase en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación.

Un ejemplo

¿Cómo evitar que se reedite esa mirada de dos infancias en nuestras políticas públicas? Para el experto chileno Julio Cortés Morales, hay dos niveles para abordar el asunto: cuando la desigualdad real es tan grande que efectivamente hay dos -o más- infancias en una sociedad, “no podríamos cegarnos frente a eso para operar ‘como si’ hubiera una sola infancia, desde la asunción de que todos los derechos proclamados en la Convención rigen para todos los niños. Sería caer en la trampa de la igualdad formal, confundir la realidad con el ‘deber-ser’ normativo, y nos impediría contar con el diagnóstico y las herramientas necesarias para trasformar la realidad en un sentido positivo”.

Cortés Morales recuerda haber entrevistado a un adolescente de 15 años que había estado por seis meses en un programa semi-cerrado para jóvenes infractores en una zona rural cercana a Santiago de Chile, y que tenía permiso para salir los fines de semana, durante los cuales visitaba a su familia en una zona marginal vecina a la capital. Cerca de cumplirse ese medio año fue sorprendido robando a un anciano durante un fin de semana y se le envió inmediatamente a un recinto cerrado a tres horas de Santiago.

“Cuando hablé con él –evoca ahora-, me contó que durante esos fines de semana intentó conseguir trabajo, pues su novia (15 años) estaba por tener a su hija. Para trabajar le exigían estar yendo a la escuela, que en realidad había abandonado hace tiempo y no tenía intención ni forma de retomar. Como no podía trabajar en nada, y su hija estaba por nacer, finalmente se decidió a volver a robar, y fue atrapado de inmediato. Luego de eso estuvo encerrado por varios meses y no he vuelto a saber de él pero me es fácil imaginar que toda su situación empeoró radicalmente”.

Para este experto, entonces, “resulta claro que una serie de omisiones y falencias de las políticas y el sistema educativo, de las políticas sociales y en particular la política de salud (sexual y reproductiva), y efectos contraproducentes de las políticas contra el trabajo infantil, están también en la raíz de los fenómenos que este ejemplo describe, y el efecto final de políticas que no asumen las necesidades especiales de ciertos sectores de la infancia y adolescencia generan este efecto paradójico: todos los niños y niñas deberían ir a la escuela, pero mientras tanto, los que ya quedaron fuera, son a su vez seleccionados para que el proceso de marginación y etiquetamiento sea aún más intenso y profundo”.

La conclusión es que, en el nivel más general, la existencia de “dos infancias” debe ser considerada un dato duro de la realidad que pretendemos modificar a través de las políticas públicas. “Por supuesto –aclara- este realismo no implica conformismo ni mucho menos legitimar la existencia de esta fractura social: es tan sólo el punto de partida desde el cual debemos diseñar y tratar de efectivizar políticas que de manera integral y también focalizada apunten a la afirmación de derechos universales de los niños y niñas, con lo cual se debe superar la escisión”.

Una agenda de la infancia para la cohesión

La cohesión social, en lo que atañe a la infancia, involucra entonces no sólo políticas sociales universales para chicos y chicas, más o menos especializadas en la promoción de derechos, sino además, y sobre todo en contextos de inequidad como el argentino o como muchos de los latinoamericanos, intervenciones del Estado en las múltiples situaciones de vulneración grave de esos mismos derechos (violencia de distinto tipo, explotación y abuso sexual, explotación laboral, exclusión educativa y sanitaria). 

Siguiendo el esquema de política pública de infancia propuesto por Francisco Pilotti, hay un nivel general de protección integral de los derechos referido a todos los niños y a cuyas políticas se accede de manera universal por el hecho de ser parte de la infancia. Hay otro nivel, donde las políticas tienen que ser de protección especial de derechos ante situaciones de vulneración o grave amenaza de vulneración de derechos.

En medio de un extremo y otro, aparecen programas que actúen o bien para corregir deficiencias de programas de protección de derechos para todos los chicos y chicas en general; o bien que apuntan a situaciones que reclaman intervenciones algo más “especializadas o intensas”.

Específicamente,  para Cortés “resulta evidente que la violencia contra la infancia se produce no sólo cuando se agrede directamente a niños y niñas mediante la acción de personas más o menos determinadas, sino que también por las omisiones, vacíos y defectos de las políticas sociales”. Pero, “al lado de esa violencia tenemos también formas sociales estructurales de violación de derechos, además de una violencia institucional (penal, tutelar y policial) que son menos visibles que la violencia privada en que se concentran los medios de información”.

“Dada la hegemonía total del populismo punitivo, se asume que la violencia contra la infancia requiere medidas penales, y los Estados se concentran en legislar desde ese ámbito. Pero así se evita fijar la atención en: a) el contexto social y cultural donde se ejerce esta violencia; b) las medidas preventivas, y también la necesidad de programas reparatorios que eviten criminalizar a las víctimas (lo que sigue siendo usual) y que otorguen una restitución efectiva de los derechos vulnerados”, razona el experto.

Participación de NNyA

Se habló antes de un doble aspecto de la cohesión social. Por un lado, el material u objetivo. Por otro, el subjetivo, donde entra la “dimensión del actor” (Alain Touraine), allí donde los aspectos de crecimiento e igualdad económico-social se completan con las percepciones y las valoraciones que la ciudadanía tiene de ello, cuánta confianza, adhesión y respaldo merece el sistema político.

Este “sentido de pertenencia” de los ciudadanos que mide también cuánta cohesión social supone acceso y compromiso, según la CEPAL: “Un ciudadano es pasivo en cuanto se le confieren derechos, pero es activo en cuanto aporta a la cohesión social”. Si es así, ¿se considera, implícitamente, sólo el aporte de los ciudadanos adultos?

Cuando la comisión regional se plantea quiénes participan y cómo de los elementos contractuales de la cohesión social, se consideran los mecanismos democráticos clásicos dentro del sistema representativo, pero también otros como las iniciativas populares y las audiencias públicas. Los profesores Julio y Susana Cortés Morales instan, en ese sentido, advierten sobre la exclusión de actores como la infancia.

En cuanto al sentido de pertenencia, CEPAL distingue  factores como  multiculturalismo, confianza en las personas y en las instituciones, la participación, expectativas respecto del futuro, valores y normas compartidas. Y aclara: estos indicadores sólo pueden ser desarrollados a partir de encuestas o para estudios específicos, mediante entrevistas específicas. ¿Entran allí niños, niñas y adolescentes?

Los sondeos de opinión representan uno de los instrumentos para aproximarse a percepciones relacionadas con la cohesión social. Está claro, como reconoce Cepal, que los resultados de las encuestas no se proponen como un espejo que refleja la pertinencia o el despropósito de las políticas públicas, porque eso implicaría renunciar al liderazgo de las autoridades y supeditarse a la opinión pública reflejada en los sondeos, en general sujeta a plazos muy corto.

Pero en cualquier caso, la infancia excluida así en los hechos de la toma de decisiones,  propuestas y evaluaciones sólo puede ser tomada en cuenta y abrírsele la oportunidad de participación a través de otras vías, alternativas, no institucionales o por crear, explican J. y S. Cortés Morales.

(1) “Infancia y cohesión social: elementos para el debate”, Cortés Morales, Julio y Susana, Chile, (2007).